Sociedad • ENTREVISTA

"Los derechos de autor no sirven a los autores"

Beatriz Busaniche es la presidenta de la fundación Vía Libre, una organización nacida con la idea de incidir en las políticas públicas relacionadas con el software libre. En esta extensa charla habla sobre los debates que las nuevas tecnologías generan en todo el mundo, la situación en la Argentina y la libertad de expresión.

Tomás Morrison // Lunes 29 de octubre de 2018 | 14:57

Resaltar resumen
      
Enviar a un compañero/a
   
Imprimir
nota
   
Agrandar
Texto
   
Reducir
Texto
"El servicio de Internet en la Argentina tiene los precios de Suiza y la calidad de Zambia", afirma Busaniche.

La fundación Vía Libre nació en el año 2000. Su fundador, Federico Heinz, se planteó incidir en las políticas públicas vinculadas con el uso y el desarrollo de software libre. “La idea era hacer algo que ni la Free Software Foundation hacía: tratar de lograr que los Estados utilicen software libre, sobre todo los países en desarrollo”, explica Beatriz Busaniche, licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Propiedad Intelectual, quien desde 2016 es la presidenta de la fundación. Inmediatamente se entendió que las cuestiones vinculadas con la propiedad intelectual tenían que ocupar un espacio clave en la agenda. “Software libre, copyright, derechos de autor y patentes abordados desde una perspectiva crítica. Esas fueron las bases”, afirma Busaniche.

 

-¿Qué es una perspectiva crítica?
-Cuando uno hace crítica a los derechos de propiedad intelectual no está pensando solamente en una crítica a la industria, sino pensando en el desarrollo de nuevos modelos de negocios y nuevas formas de generar ganancias que no sean las de este sistema que hoy no funciona.

 

-¿Por qué el sistema actual no funciona?
-Los derechos de autor tienen que ver con diseñar políticas públicas que permitan fomentar la creatividad y la innovación a través de una serie de estímulos. Lo cierto es que hoy están en una condición maximalista y no cumpliendo con los objetivos que tienen. Ni desde el punto de vista económico ni desde el social, mucho menos desde el de los derechos humanos. Están llamados a satisfacer la demanda de un sector muy concentrado y hegemónico de las industrias del entretenimiento.

 

-¿Cuáles son las consecuencias de que no se cumplan estos objetivos?
-La idea es que los derechos de autor cumplan con su triple rol de beneficiar al público, al autor y la vida social. Hoy los derechos de autor no sirven a los autores. Cuando uno mira el gran mapa, se da cuenta de que la mayoría no perciben ganancias suficientes para tener una vida digna, sino que tienen que trabajar de otra cosa. Sumado a eso, para el público tampoco es beneficioso porque las condiciones de acceso a las obras se basan en leyes muy restrictivas. Hoy sacan rédito de ese modelo los cinco grandes sellos globales de la industria discográfica, Hollywood y la industria del cine, y en la Argentina el sector de las entidades de gestión colectiva como SADAIC.

 

-¿Qué modelos alternativos al de Argentina existen hoy por hoy?
-Hay dos caminos: el de lo deseable y el de lo posible. Dentro del camino de los deseable encontramos muchas estrategias. Sistemas de mecenazgos, sistemas de premios, sistemas de renta por parte del Estado, sistemas de monopolios más cortos. Landes y Posner, economistas norteamericanos, plantean que los titulares de derechos deberían, si están explotando la obra, renovar sus facultades cada diez años. También existe un sistema de incentivos que es incremental. La tasa de renovación de los derechos va aumentando con el correr de los años. Así, si pasan 50 años y una obra ya no da rédito económico suficiente que justifique la renovación, pasa a dominio público.

 

-¿Y qué encontramos en el camino de lo posible?
-Este tipo de esquemas no, porque el sistema de derechos de autor actual está atado al régimen de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que establece castigos comerciales a un Estado por no cumplir regulaciones que están vigentes desde finales del siglo XIX. Eso es un problema porque no permite construir un modelo más flexible, más diverso, que genere más y mejores oportunidades para los autores, que pueda renovar los modelos de negocios de la industria. Lo deseable es barajar y dar de nuevo: pensar nuevos modelos. Lo posible es lo que podemos hacer dentro del sistema vigente, que deja un margen de acción. La ley de la Argentina es de las peores del mundo. Mejorar esa ley, aun dentro de las obligaciones de la OMC, es posible. El problema es que no hay voluntad política.

 

-¿Qué país se podría tomar como ejemplo?

-Para ir a países con un contexto asimilable al nuestro, puedo citar Chile, que en 2010 hizo una reforma integral de su sistema de derechos de autor e incluyó muchas flexibilidades para el sector académico. El ejemplo paradigmático es Estados Unidos. Allá hay un doble estándar: es ultra exigente con los demás países y pide cada vez leyes más punitivas, pero a sus académicos les garantiza cláusulas de uso justo que permiten hacer cosas por las que en la Argentina te pueden dar seis años de prisión. Estados Unidos tiene muy claro que las flexibilidades en materia de acceso al conocimiento son fundamentales en pos del desarrollo de la ciencia y la educación. No es casual: ellos quieren bloquear el desarrollo de los demás países y fortalecer sus propias capacidades, tiene que ver con las políticas para el desarrollo de cada país.

 

-¿Cómo juega la propiedad intelectual en las negociaciones entre países?

-Los capítulos de propiedad intelectual en las negociaciones de tratados de libre comercio suelen ser los más difíciles y los que terminan trabando la cuestión. De hecho, hay un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y la India que estaba prácticamente cerrado y por un artículo que tenía que ver con la industria farmacéutica se trabó la negociación. Acá se está negociando el tratado de libre comercio con la Unión Europea y hay cosas que van a tener impacto directo en nuestra industria farmacéutica y en el derecho de acceso a la salud. Si se aprueba tal como quiere la Unión Europea, va a tener consecuencias catastróficas para nosotros. Y lamentablemente el Gobierno está dispuesto a ceder. El tratado de libre comercio se está trabando más por presiones de campesinos franceses que por la Argentina o Brasil. La Argentina tiene el mandato de firmar cualquier cosa, independientemente de cuánto perjudique la sociedad en su conjunto.

 

***

 

Con el correr de los años, empezaron a aparecer otros temas que ocuparon cada vez más lugar en la agenda de la Fundación. Uno de esos temas es la libertad de expresión en entornos informáticos.

 

-¿Qué falta a la Ley de Medios en lo que respecta a lo digital?

-La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en su momento, no contemplaba la cuestión de la convergencia. Me parece que hay muchas regulaciones importantes e interesantes que hace falta por lo menos discutir y pensar.

 

-¿Se debería atender la cuestión de las fake news?
-Hay que ver desde qué perspectiva. Las fake news son una cuestión seria pero en la que el Estado tiene poco que hacer, justamente porque tiene que velar por la libertad de expresión. Las regulaciones sobre discursos hay que tomarlas con enormes pinzas porque podés tocar uno de los principios fundamentales del sistema democrático.

 

-¿Qué cuestiones deberían regularse?

-Por ejemplo, la responsabilidad de los intermediarios de Internet y las cuestiones vinculadas con la protección de datos personales. Hay una regulación vigente pero sería interesante hacer una mejora adaptada al contexto actual, en el cual las personas somos perfiladas por inteligencia artificial y algoritmos. Hay muchas cuestiones para trabajar, desde lo que tiene que ver con el acceso a la información hasta lo relativo a la defensa del consumidor. El servicio de Internet en la Argentina tiene los precios de Suiza y la calidad de Zambia. Ahí hay un tema crítico.

 

-¿Cómo es el debate político en la Argentina en lo que respecta a las nuevas tecnologías, en comparación con lo que se da en el resto del mundo?

-No es muy distinto de lo que vemos a nivel internacional. En lo que tiene que ver con propiedad intelectual, la discusión está fragmentada en los mismo términos que en Europa. Hay mucho por hacer, pero hay que ver las condiciones políticas y los contrapesos de poder que existen en el Congreso. Hay temas que conviene levantarlos o no en función de cómo está dada la conformación del Congreso. Hoy se está discutiendo la tipificación penal de los fakes, lo cual es gravísimo en términos de libertad de expresión. Hay legisladores que se informan y otros que conocen poco y nada del tema y reaccionan ante hechos noticiosos o experiencias propias, siempre subjetivas. El tema de los fakes surge de un proyecto de Miguel Ángel Pichetto, que estaba enojado porque alguien hizo una parodia de él en Twitter.

Enviando...
Comentarios
No se encontraron comentarios.

Facebook

Twitter