Política • ENTREVISTA

"En cuanto a Milagro Sala y la CIDH, estamos peor que Venezuela"

Marcos Aldazábal, uno de los abogados de Milagro Sala, explica la situación de la dirigente jujeña, presa hace casi dos años sin condena. Los pormenores y las irregularidades de la causa, el rol del Estado frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Martin Raschinsky @martinraschin // Martes 05 de diciembre de 2017 | 22:38

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"En el penal donde ella está corre riesgo su vida y su integridad física", denuncia Aldazábal. (Foto: Télam)

En una pintoresca oficina del centro de la Ciudad de Buenos Aires está el estudio Gómez Alcorta y Aldazábal, y allí se encuentra Marcos Aldazábal, uno de los abogados que defiende a Milagro Sala. De traje y con una voz profunda, se mece sobre su silla y propicia leves saltos de indignación cuando comenta las condiciones en que se encuentra detenida la dirigente jujeña. 

 

Tiene 27 años y se graduó con honores en Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Además, colabora con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y es auxiliar en la materia Delitos de Lesa Humanidad y Corte Penal Internacional, en la Facultad de Derecho de la UBA.

 

Aldazábal cuenta que Sala sufre un hostigamiento constante que viene por parte del servicio penitenciario: “Ha llegado a sufrir agresiones físicas pero también reiteradas situaciones desde el plano psicológico” como, por ejemplo, “el hostigamiento judicial, por el cual todos los días la notifican de causas y traslados innecesarios”.

 

-Milagro Sala permanece detenida, principalmente, por tres causas: Asociación ilícita, fraude al Estado y Extorsión; tentativa de homicidio; y extorsión. En la primera se realizaron decenas de allanamientos y no se encontró nada, y las dos siguientes habían proscripto. ¿Qué tipo de irregularidades se encuentran, además, en los procesos?

-En la primera causa lo que se investiga es el destino de los fondos con el que se construirían viviendas que hacían diferentes cooperativas. No existe en toda la causa ninguna constancia en la que figure Milagro Sala, en ningún papel. No hay ninguna prueba contra ella. Realizaron decenas de allanamientos para buscar si se habían ocultado fondos en su casa, en la sede de Túpac Amaru y en otros lugares y no encontraron nada porque, evidentemente, toda la plata se destinó a la construcción de viviendas. Sin embargo siguen con la investigación en una causa que avanza por la voluntad que tiene el poder judicial jujeño de condenarla aunque sea sin pruebas. En esta causa es que se dictó el primer período de prisión preventiva para ella. Después, en la segunda causa, que también es terriblemente irregular, la imputan un tiroteo que sucedió hace diez años en el que ella no estaba. Ella nunca estuvo imputada aquí hasta el año 2016. En ese momento se presenta uno de los imputados, dice que en realidad él fue ahí porque lo había mandado Milagro Sala. A la semana lo sobreseen y la imputan a ella. Una situación que no tiene casi precedente. De 23 declaraciones testimoniales, 22 la sitúan a esta persona (el sobreseído) como uno de los autores, no hay ninguna declaración en contra de Milagro Sala que diga que ella los había mandado, ni nada.

 

-Casi como una idea de favor por favor. 

-Exacto. La idea es: “Vos incriminá a Milagro Sala y yo te sobreseo”. Y, de hecho, de los tres imputados, a dos ya los sobreseyeron. Hace aproximadamente un mes, el imputado restante denunció que el juez de la causa, Pablo Pullén Llermanos, fue a presionarlo a la cárcel para que incrimine a Milagro Sala a cambio de un sobreseimiento. La diferencia es que esta persona en vez de hacerlo denunció la situación, así nos enteramos nosotros. Pese a todas estas irregularidades procesales, se dictó prisión preventiva para Milagro.

 

-Para dictar prisión preventiva es necesario justificar alguno de los siguientes dos presupuestos básicos: posibilidad de entorpecimiento en la investigación o peligro de fuga. ¿En qué se basa el juez Llermanos?

-Las órdenes de prisión preventiva a Sala no se fundan en ninguno de estos dos presupuestos. Ya son casi dos años que ella está presa sin condena. Es un tiempo muy prolongado para una detención de estas características. Además, el Estado está obligado a demostrar estas pruebas. Si es que dice que hay un peligro debería producirla lo más rápido posible para que después, en caso de no encontrar tales, la persona, que tiene la presunción de inocencia siempre a su favor, recupere su libertad. Pero más allá de esto, esta suposición tampoco existe: no hay peligro de fuga ni de entorpecimiento de investigación. Tampoco está acreditada la participación de Milagro Sala en ninguna de estas tres causas y esto fue lo que dijo en primer lugar la ONU en el 2016, en la resolución 31/2016, cuando afirmó que la detención de Milagro Sala era arbitraria, e hizo hincapié en que es activista política. Por eso exigió al Estado argentino la libertad de Milagro y el Estado incumplió el pedido. Este fue el precedente al incumplimiento a la resolución que sacó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 

Ya son casi dos años que ella está presa sin condena.

 

 

-En junio de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sacó una resolución, que es medida cautelar, en la que se dijo que Milagro Sala debía ser retirada del Penal de Alto Comedero, donde se está detenida, porque se encuentra en peligro su vida. Mucha gente dice que la CIDH resuelve esto pero, asimismo, se niega a investigar la causa. ¿Por qué se niega?

-La comisión no puede discutir las características de fondo de las causas, no tiene competencia para eso, es decir, no se puede poner a discutir si los hechos pasaron o no, o si están dados los riesgos procesales. Lo que hizo la CIDH fue abogar por el riesgo que su integridad física corría allí dentro. En el penal donde ella está corre riesgo su vida y su integridad física entonces la comisión dice que el Estado tiene que sacarla de la cárcel y evaluar una de las alternativas que eran la total libertad, la prisión domiciliaria o una libertad revisada electrónicamente (tobillera). Pero, además, en el marco de esa resolución, si bien no se podía meter sobre el fondo, en un párrafo ellos hacen hincapié que el Estado Argentino tenía que cumplir la resolución de la ONU. O sea que también están diciendo: “Nosotros consideramos que la detención es arbitraria y ustedes tienen que cumplir con lo que dice este organismo internacional”. Al día de la fecha, la situación totalmente irregular sigue y Argentina está inmersa en responsabilidad internacional por no haber cumplido dos resoluciones de organismos que, además, son los más importantes del mundo.

 

-Después de que el caso Carranza-Latruesse sentara jurisprudencia, las resoluciones de la CIDH resultan vinculantes, es decir, se debe obedecer al organismo. ¿Quién se debería encargar de aplicar esa cautelar?

-El que está obligado a cumplirlas es el Poder Ejecutivo Nacional. Las resoluciones de organismos internacionales se notifican directamente al Gobierno y éste es el encargado de velar por su cumplimiento. Después puede ser que el poder Ejecutivo en su competencia te diga: "Bueno, dispongo yo la medida o la remito a cancillería o al poder Judicial de Jujuy". Pero para cumplirla. Se tiene que asegurar que se cumpla. Entonces, cuando se usa este argumento de que la justicia es independiente, de que “nosotros (Gobierno Nacional) remitimos la orden al poder judicial de Jujuy pero ellos no cumplen”, quitándose la responsabilidad, hay que saber que eso no es así. La medida tiene que ser obligatoriamente cumplida por el Estado Argentino y no puede quedar la responsabilidad internacional de todo el país en manos de un juez o de un fiscal jujeño o de cualquier lado. Es un incumplimiento que posiciona mal al país frente al sistema interamericano de derechos humanos y frente al sistema internacional de DD.HH., y que contradice una postura histórica que Argentina tuvo. Siempre fuimos un país modelo ante estos organismos.

 

-El Gobierno actual busca diferenciarse constantemente de Venezuela e indicar que es un país del que hay que estar lo más alejado posible del modo de hacer política. Pero Argentina está incumpliendo una medida de la CIDH, al igual que lo hizo el país caribeño en su momento con Leopoldo López. ¿Qué similitudes y diferencias se encuentran entre situación y situación?

-El caso es muy parecido al de Milagro Sala, pero tiene algunas cosas que son importantes destacar: en el caso de López, lo que la CIDH indicó es que se tenían que mejorar sus condiciones de detención. Que no podía seguir en esas condiciones. En el caso de Sala es mucho más contundente la Comisión: dice que directamente no puede seguir en esa cárcel porque corre riesgo su vida por el sólo hecho de estar en la cárcel, o sea, no puede estar en la cárcel. Además, Sala está presa con una prisión preventiva, es decir, que todavía es inocente según la Constitución. López tenía una condena de 14 años de prisión. Si bien son dos incumplimientos, que son graves, Argentina en este momento está en una situación de incumplimiento más grave aún que la de Venezuela en aquel entonces. Y esto es muy ilustrativo para después comparar cuando se señala a Venezuela y los derechos humanos. Es necesario saber que en Argentina estamos en una situación peor con Milagro Sala que ellos con Leopoldo López.

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