Política • Diversidad sexual

La lucha por el Cupo Laboral Trans

La idea es que entre el 0,5 y el 3 por ciento de los puestos del sector público esté destinado a miembros del colectivo. Una norma similar se aprobó en la Provincia de Buenos Aires en 2015, pero nunca se reglamentó. Existen varios proyectos en el Congreso Nacional y en las legislaturas de Salta, Entre Ríos y Corrientes.

Matías Rosujovsky @matirosu // Lunes 19 de febrero de 2018 | 18:49

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La agrupación Lohana Berkins debe su nombre a la activista trans y feminista fallecida en febrero de 2016. (Foto: M. Rosujovsky)

Las problemáticas del colectivo trans ganaron protagonismo desde la aprobación de la Ley de Matrimonio igualitario, cuando dejaron de ser un complemento de los reclamos LGBTIQ para posicionarse como próximos derechos a conquistar. Con el Cupo Laboral Trans pretenden comenzar su inclusión en un ámbito laboral que los y las margina desde siempre, que básicamente no tiene en cuenta a las personas trans. Por eso reclaman una legislación que les garantice un derecho básico: el trabajo.

 

Se trata de obligar por ley a que entre el 0,5 y el 3 por ciento de los puestos laborales del sector público, dependiendo de los proyectos presentados en las distintas legislaturas provinciales, esté destinado a transexuales, travestis y trasngénero. Ya se aprobó en la Provincia de Buenos Aires en 2015, impulsada por la referente Diana Sacayán -quien fue asesinada al mes siguiente-, pero su reglamentación sigue pendiente. A nivel nacional existen varios proyectos en el Congreso y, desde la óptica provincial, hay iniciativas presentadas en las legislaturas de Salta, Entre Ríos y Corrientes, entre otras.

 

El mercado laboral es sumamente restringido para el colectivo trans dada su desigualdad de condiciones. Por sus altos niveles de analfabetismo y baja escolarización, producto de la marginación y la estigmatización social que sufren desde la infancia, a las personas trans les es casi imposible acceder a trabajos formales. En muchos casos también resultan excluidas de sus familias, por lo que no les queda otra alternativa que el trabajo sexual.

 

“El principal objetivo del Cupo es la inserción”, señala Paula Arraigada, militante trans miembro de la agrupación Diversidad Popular, autoridad del Parlamento de las Mujeres de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y futura coordinadora de la Mesa de Diversidad del PJ porteño. “Hoy tenemos una baja expectativa de vida, no más de cuarenta años, podemos soñar a corto plazo”, dice y agrega: “Con trabajo formal tendríamos acceso a la salud, posibilidades de educarnos para obtener un ascenso, vacaciones, jubilación y otros derechos laborales. Tendríamos otra expectativa a futuro, otro estándar, podríamos aspirar a tener una vida libre, que es lo que la Constitución nos garantiza”.

 

Estas estimaciones sobre la realidad del colectivo se dan en base a relevamientos que hicieron las propias organizaciones por su cuenta y a un único estudio oficial: la Primera Encuesta sobre Población Trans, un muestreo realizado en 2012 por el INDEC en el Municipio de La Matanza sobre un total de 209 casos. Entre los datos publicados, se destaca que sólo el 14 por ciento de las personas encuestadas terminó el secundario, un 80,4 no tiene obra social, y el 85,3 está o estuvo “en situación de prostitución”.

 

Arraigada aclara que se usa esa encuesta como una “base concreta”, un marco de apoyo, dado que pasaron cinco años y “el país cambió, no sólo en la realidad económica sino también en el aumento de la virulencia de las fuerzas de seguridad”. Luego subraya: “Lo otro es parte del relato vivido, porque no tenemos nada más en que apoyarnos”.

 

“La marginación a nivel estadístico empieza con el Censo Nacional”, señala Candelaria Botto, licenciada en Economía (UBA), becaria Propai en el CEPED-IIE, docente y miembro de Economía Femini(s)ta. “Hay una inexistencia o falta de voluntad desde las estadísticas públicas por contabilizar a la comunidad trans”, sostiene, y agrega: “Cuando los economistas hacemos análisis, estamos obligados a que sean dicotómicos porque todas las instituciones estatales lo son y, por ende, toda la información se recolecta a través de la lógica varón-mujer. Por eso es muy difícil tener en cuenta las violencias específicas que viven las personas trans”.

 

“Estamos en un paso previo a hablar de estadísticas”, indica Botto. Para ella, y para toda la comunidad LGBTIQ, “el primer paso es la visibilización, y para eso es necesario incorporar a las personas trans al mercado de trabajo formal, a eso apunta el cupo; cuantificarlas es el paso siguiente”.

 

“Nos encantaría que el Estado decidiera hacer un censo para conocer nuestra situación real, pero ese momento va a ser sumamente doloroso”, dice Arraigada, y sigue: “Seguramente, la expectativa no es la que nosotros creemos y la precariedad resulte mucho peor de lo que pensamos, porque en el resto de las provincias del país nuestra realidad es mucho más cruel”. Para ella, “ese día va a ser un poco más difícil para el Estado sostener la decisión de no hacer nada".

 

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