Especiales • Juicio a las Juntas - Desde el presente

La toma de la fábrica de Ford

Un acuerdo entre trabajadores y las autoridades de la automotriz puso fin a la toma de la planta, evitando la paradójica represión a la que se hubiera llegado en un contexto en el que el país estaba viviendo el juicio a los represores del golpe de Estado del 76.

M. Graziano @matu_graziano C. Grinstein @cgrinstein C. Morón @cotymoron Y. Piva @Elinaay // Lunes 13 de julio de 2015 | 20:24

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El juez Valdez Weber firmó el acta de desalojo de la fábrica Ford.

El arquetipo de la tensa situación socioeconómica por la que atravesaba el país llegó a su fin la madrugada del 13 de julio de 1985. Después de diecinueve días de ocupación, los empleados de la fábrica Ford Motor Argentina desalojaron la planta ante una fuerte tensión con las autoridades policiales y luego de que la comisión interna negociara el desalojo pacífico con el juez penal de San Isidro, Ángel Papalia.

 

La planta estaba en normal funcionamiento hasta dos semanas antes, cuando las autoridades de Ford decidieron el despido de 33 trabajadores por diferentes causas. Las desvinculaciones laborales masivas estaban siendo cada vez más regulares en el país luego de la implementación del Plan Austral creado por el presidente Raúl Alfonsín.

 

El operativo para poner fin a la toma fue ordenado por la Justicia Federal y contó con la presencia de 1500 efectivos y más de 250 vehículos entre autobombas, carros de asalto, patrulleros y helicópteros. A medida que los uniformados comenzaron a rodear la planta, los empleados se ubicaron en distintos sitios de la automotriz para bloquear el acceso. Posteriormente, bajo la luz de los reflectores y valla de por medio, el diálogo se extendió por más de una hora para lograr un desalojo pacífico, que finalmente se llevó a cabo a las 4:45 de aquel 13 de julio. Los obreros abandonaron el lugar y marcharon hacia la Ruta Panamericana, donde continuaron sus reclamos mediante cánticos en contra del presidente Alfonsín, a quien consideraron cómplice por condenar el accionar de los trabajadores.

 

La jornada del 12 de julio de 1985 estuvo cargada de intensas gestiones durante la tarde, llevadas a cabo en el Ministerio de Trabajo; participaron el ministro Hugo Barrionuevo, quien se mostró neutral ante el conflicto ya que por un lado intimó a la empresa a revisar la medida tomada y, por otro, al considerar ilegal el accionar de los trabajadores, insistió en el desalojo de la planta. El vicepresidente de la automotriz, Pedro Müller; el dirigente del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Roberto Navarro, y representantes legales de ambas partes buscaron encontrar una salida luego de semanas de negociaciones en vano desde que el conflicto se iniciara el 26 de junio. Sin embargo, no llegaron a un entendimiento.

 

Inicialmente, la propuesta comunicada por el ministro Barrionuevo contemplaba la reincorporación de 33 obreros despedidos, su licenciamiento hasta el 31 de julio y la firma de un acta para avalar dichos puntos. Además, el escrito incluía tratativas sobre la situación legal derivada de la ocupación del establecimiento, los días no trabajados y la suspensión de la producción. Sin embargo, al leer el documento no se hacía mención a los puntos pactados y los representantes legales de los trabajadores rechazaron la iniciativa.

 

Desde un primer momento, el Gobierno de Raúl Alfonsín desestimó la medida tomada por los trabajadores asegurando que era una “violación al sistema jurídico”. El Presidente se refirió al conflicto en la fábrica automotriz ubicada en la localidad de General Pacheco durante la tarde y manifestó: "Yo no creo que haya país en el mundo, bajo cualquier sistema político, que tolere este tipo de ocupación, de modo que nosotros tenemos que recurrir a la Justicia y actuar de acuerdo a la ley", confirmando la decisión de dar lugar a la actuación de la Justicia Federal y argumentando que, como Gobierno, debían “garantizar la vigencia del orden constitucional, donde la propiedad privada es una de sus piedras basales”. No obstante, el Presidente no hizo mención a la hiperinflación, que tuvo como consecuencia la creación del Plan Austral, ni a las causas de fondo que motivaron a los trabajadores a adoptar la cuestionada usurpación.

 

Con el objetivo de que "se les respete su trabajo y el de sus compañeros", según indicó la comisión interna, la toma tuvo lugar luego de que la empresa despidiera a 33 operarios por "ausentismo elevado crónico y falta de contracción de sus tareas", contradiciendo el acta firmada el 17 de mayo por la cual la compañía y la comisión interna acordaron suspender los despidos programados y brindar estabilidad laboral durante un período de tres meses, con el compromiso de los obreros a "colaborar en conseguir la mayor eficiencia posible en la operación". Por el contrario, el acuerdo no incluía el derecho a desvincular al personal por cuestiones disciplinarias. A raíz de esto y con el objetivo de mostrar que el control obrero de la producción era más efectivo que las maquinarias por sí solas y que por lo tanto hacían falta más trabajadores, la semana anterior la comisión interna decidió poner la fábrica en producción.

 

No deja de ser paradójico que mientras algunos familiares de los empleados de la Planta de Ford denunciaban que sufrían persecuciones, amenazas y hasta intimidaciones en sus hogares por parte de bandas parapoliciales, se estaban llevando a cabo los juicios a los represores que violaron los derechos humanos en tiempos de dictadura militar.

 

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