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Torturas, desaparición y muerte en Jujuy

Tres testigos declararon sobre el caso de Dominga Álvarez Scurta, una maestra rural torturada y asesinada en esa provincia. Además, el testimonio de Eulogia de Garnica involucra a la empresa azucarera Ingenio Ledesma, de Carlos Pedro Blaquier, como cómplice en el secuestro y la desaparición de empleados con actividades gremiales.

D. Caviglia, L.Castro, A. Pereiro y F. Pérez // Sábado 11 de julio de 2015 | 17:45

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Garnica: “Mi marido es peronista y sindicalista en la empresa Ledesma, por eso se lo llevaron”.

La historia de Dominga Álvarez de Scurta, maestra rural jujeña detenida en mayo de 1976 en su casa de San Salvador de Jujuy por orden de la policía de esa provincia y luego asesinada, fue central durante la jornada. Para reconstruir su caso fueron citados a declarar Eduardo Sweibe Rahe, testigo del allanamiento en la casa de la docente, Alfredo Calbo, el médico que la atendió, y Gladys Artunduaga, otra maestra que compartió cautiverio con Scurta.

 

Rahe, quien fue ministro de Gobierno de Jujuy en 1981, dijo que la Policía lo obligó a participar de la inspección. “Los agentes se encargaron de revisar y ‘dar vuelta’ todo lo que encontraban”, contó. Entre los objetos incautados recuerda obleas del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Según Rahe, cuando Scurta llegó a su casa, se encontró con los policías que empezaron a interrogarla, aunque “estaba tan atemorizada que no respondió nada”. El testigo agregó que la maestra pidió ir al baño dos veces en 20 minutos y que, al momento del traslado, ella se desmayó. Luego pudo comprobar que la educadora había tomado un frasco de pastillas. Intoxicada, fue llevada al Hospital Pablo Soria, donde fue atendida por Alfredo Calbo, el médico de guardia. Frente al Tribunal, Calbo contó que logró reanimar a la paciente y que nunca más volvió a verla.

 

La última declaración sobre Scurta fue la de la docente Gladys Artunduaga. Detenida en mayo de 1975, fue procesada y luego sobreseída, para quedar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) durante siete años. Estuvo cautiva en la localidad de Villa Gorriti, donde se cruzó con la profesora. Desde allí fue traída al penal de Villa Devoto, donde permaneció hasta junio de 1982. Artunduaga explicó que, según entendía, el motivo de su detención fue formar parte del plan "CREAR", implementado por el Gobierno peronista.

 

Pudo confirmar su contacto con su colega asesinada cuando relató que las celadoras del lugar tomaban lista todas las mañanas. El fiscal Luis Moreno Ocampo le preguntó si supo qué había pasado con Scurta y ella respondió que no, aunque agregó que las vigiladoras “pasaban frente a la celda de ella y se persignaban y que decían que “ahí estaba La Muerte.

 

La declaración de la maestra Gladys Artunduaga aportó datos clave para reconstruir qué pasó con Dominga y otras maestras asesinadas por el terrorismo de Estado. Artunduaga fue detenida ilegalmente en mayo de 1975 en el Ingenio Esperanza; según ella, por su participación en el programa de alfabetización del gobierno peronista plan "CREAR". Permaneció a disposición del Poder Ejecutivo hasta 1982.

 

Artunduaga relató su paso por el penal Villa Gorriti, utilizado como centro clandestino de detención, donde pudo ver con vida a Juana Torres y Dominga Álvarez de Scurta. Dijo que ambas estaban en muy mal estado, que habían sido torturadas. Sobre Dominga dijo: "Estaba muy enferma, tenía un cáncer vaginal". El fiscal Luis Moreno Ocampo le preguntó si supo qué había pasado con Scurta y ella respondió que una celadora la sacó la mañana del 10 de julio, junto con dos detenidas más: Juana Torres y Alicia Ranzoni.

 

Artunduaga aportó otros datos importantes: identificó como uno de los torturadores de Villa Gorriti al jefe de la policía provincial Ernesto Hain y a monseñor Medina, un sacerdote.

 

LA IMPUTACIÓN AL INGENIO LEDESMA

En otro momento clave de la jornada, la testigo Eulogia Cordero de Garnica involucró al Ingenio Ledesma como cómplice en la represión ilegal en Jujuy. Esta modista comenzó su testimonio dando la nota cuando el juez Torlasco le hizo la pregunta de rutina de si tenía alguna relación con los acusados. "Sí, soy su enemiga", dijo Eulogia para sorpresa de todos los presentes.

 

La testigo contó que fue secuestrada el 20 de junio de 1976 de su casa en Calilegua, junto a su hijo, Domingo Horacio Garnica. Eulogia dijo ante los jueces que el motivo de su secuestro fueron las actividades gremiales de su esposo, Agustín Donato García, quien había sido secuestrado dos años antes. “Mi marido es peronista y sindicalista en la empresa Ledesma, por eso se lo llevaron”, expresó. Sobre la noche de su secuestro, dijo específicamente: "Me llevaron a la comisaría del Ingenio Ledesma. Vi cómo sacaban gente".

 

 

Luego estuvo detenida en Guerrero, donde contó que fue golpeaba y torturada. "Me golpearon, me torturaron. Acá tengo quemaduras, acá una cicatriz", dijo. La testigo contó que en ese lugar pudo reconocer al coronel Néstor Bulacio, al jefe de policía Hain y al sacerdote Medina, estos últimos dos mencionados previamente por Artunduanga. El sacerdote Medina le pidió que se confiese. "Que confiese en qué andaban mis hijos y mi marido. Yo le dije, no me voy a confesar, no me confesé cuando me casé, menos lo voy a hacer ahora", relató la testigo.

 

A finales de ese mes, fue trasladada a la Central de Policía de la capital jujeña en un camión que la compañía facilitó al régimen. Desde allí fue traída a Devoto, donde recuperó su libertad en marzo de 1977 y un comisario de apellido Massa le explicó que se trató de un error y le recomendó que “olvide todo y no reciba gente extraña en su casa”. Sus dos hijos y su marido siguen desaparecidos.

 

Más detenciones en Tucumán y Jujuy

Juan Orozco, un jornalero de Santa Lucía (Tucumán), fue secuestrado en diciembre de 1976. Él no pudo atestiguar dónde estuvo detenido, pero describió que “era un pabellón grande y había mucha gente”. Este trabajador fue acusado de mantener a los guerrilleros que operaban en Tucumán, en la región serrana. Orozco declaró que escuchó tiros y comentarios del pueblo sobre los combatientes, pero nunca tuvo contacto con ellos.

 

Carlos Melián tuvo el último lugar en la audiencia. Durante la dictadura vivía en Libertador General San Martín y estuvo secuestrado entre abril de 1976 y agosto del año siguiente. En su declaración, denunció una persecución en su contra, previa a la detención, y relacionó este acoso con sus actividades políticas de años anteriores. Cuando lo apresaron, supo que la orden fue dada por el interventor municipal Donato Arenas. Luego fue llevado a la penitenciaría de Jujuy, aunque nunca perdió comunicación con su familia. En octubre fue trasladado a La Plata, donde estuvo secuestrado hasta su liberación.

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