Especiales • Juicio a las Juntas - Desde el presente

Cuando los militares perdieron la impunidad

El Juicio a las Juntas resultó posible gracias a la decisión política de Raúl Alfonsín y a la necesidad de justicia de la sociedad argentina, que por primera vez logró que los militares fueran juzgados y condenados por un tribunal civil. Los vaivenes de la causa que condujo a un fallo histórico.

Macarena Laviero @MacaLaviero // Martes 14 de abril de 2015 | 19:38

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Los acusados Eduardo Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola y Arturo Basilio Lami Dozo.

Los militares hicieron lo posible para evitar el juicio. Sin embargo, prevaleció la decisión política del Gobierno, apoyada masivamente por la sociedad.

En diciembre de 1983, días después de haber asumido como presidente de la Nación, Raúl Ricardo Alfonsín se dirigió al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para ordenarle que enjuiciara “a los integrantes de la Junta Militar que usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976 y a los integrantes de las dos subsiguientes”. Al mismo tiempo, creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

 

Sin embargo, el Tribunal Militar mostró un desánimo evidente en llevar adelante los juicios. A fin de agilizar los procesos, llevándolos al campo de la justicia civil, en febrero de 1984 el Congreso de la Nación sancionó una ley de reforma del Código de Justicia Militar que limitaba el alcance de ese fuero exclusivamente a los delitos de tipo castrense -tales como insubordinación, deserción y otros- y establecía que las sentencias de los tribunales militares podían ser apeladas ante la Cámara Federal, que también podría hacerse cargo de una causa demorada por el fuero militar.

 

En julio del mismo año y ante las dilaciones en el inicio del juicio, la Cámara Federal solicitó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que investigara e informara en un periodo de 30 días si había habido violaciones a los derechos humanos por parte de los integrantes de las juntas militares.

 

Pero fue recién a fines de septiembre, luego de haber solicitado una ampliación del plazo para responder, que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas comunicó una resolución en la que afirmaba que "los decretos, directivas, órdenes de operaciones, etcétera, que concretaron el accionar militar contra la subversión terrorista son, en cuanto a contenido y forma, inobjetables".

 

Casi al mismo tiempo la CONADEP publicaba su informe final - llamado “Nunca Más” con el registro de 8961 desaparecidos y 380 centros clandestinos de detención que dejó en evidencia el crimen planificado que había sido pergeñado por la dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983.

 

Entonces, la Cámara Federal decidió hacerse cargo del procesamiento de los miembros de las tres Juntas Militares. Designado fiscal titular del juicio, Julio César Strassera estuvo a cargo de la investigación de la causa y la elaboración de la acusación. Con el informe de la CONADEP como base, tomó de modelo un juicio hecho por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se basó en 800 casos para demostrar la sospecha. “Porque si tomaba las 9 mil víctimas de la CONADEP, todavía estábamos en juicio”, declaró el emblemático fiscal en una entrevista para Diario Publicable en 2014.

 

Así, por primera vez en la historia argentina, miembros de las Fuerzas Armadas pudieron ser juzgados por un Tribunal Civil. Hasta 1984 los militares habían estado sujetos a leyes propias que formaban parte del código militar, que eran aplicadas por los tribunales de las distintas fuerzas. Las acusaciones fueron bien concretas: privación ilegítima de la libertad, desaparición de personas y crímenes de lesa humanidad.

 

Amparándose en el apoyo de la sociedad, ávida de que los represores fueran castigados por sus crímenes, el gobierno democrático de Raúl Alfonsín logró modificar las normas y llevar a los acusados ante un tribunal civil: la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, integrada Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D’Alessio, quienes asumieron en forma rotativa la presidencia del Tribunal cada semana.

 

LA SENTENCIA

Los militares hicieron lo posible para evitar el juicio. Sin embargo, prevaleció la decisión política del Gobierno, apoyada masivamente por la sociedad, y el 9 de diciembre de 1985 Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera fueron condenados a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua con la accesoria de destitución como autores responsables de los delitos de homicidio agravado por alevosía. Roberto Eduardo Viola fue condenado a 17 años de prisión, Armando Lambruschini a 8, Orlando Ramón Agosti a 4 años y 6 meses y los tres a inhabilitación absoluta perpetua con la accesoria de destitución. Por su parte, Omar Domingo Rubens Graffigna, Arturo Basilio Lami Dozo, Leopoldo Fortunato Galtieri y Jorge Isaac Anaya fueron absueltos.

 

La decisión de enfrentar al poder militar y juzgar a los integrantes de las tres juntas con la misma legislación que a la población civil le valió al ex presidente Raúl Alfonsín tres levantamientos por parte de facciones rebeldes de las Fuerzas Armadas y numerosas amenazas de golpes de Estado.

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