Política • Violencia de género

“No creo que la intervención penal sea la solución”

Mariana Barbitta, abogada penalista y presidenta de la Asociación de Mujeres Penalistas Argentinas, analiza el femicidio, delito que se incorporó al Código Penal en diciembre del 2012.

Paula Roko @lovelandd y Nella Ghorghor // Miércoles 26 de marzo de 2014 | 17:45

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Muchas mujeres se ven envueltas en relaciones patológicas que acaban en violencia de género.

Mediante la reforma que introdujo la ley 26.791, en diciembre de 2012 se modificó el artículo 80 del Código Penal, que abarca distintos agravantes para las penas por homicidios calificados. A través del inciso 11° se incorporó el femicidio. La norma impone prisión perpetua al hombre que mata a una mujer en contexto de violencia de género, es decir, a aquellos que utilizan la herramienta del patriarcado para dar muerte a las mujeres.

 

La abogada penalista y presidenta de la Asociación de Mujeres Penalistas Argentinas (AMPA), Mariana Barbitta, analiza el femicidio y las implicancias de su incorporación al Código Penal argentino.

 

-Las reglas que se incorporaron benefician al género femenino. ¿Se puede decir que se estaría estableciendo una diferencia arbitraria entre ambos sexos al proteger la vida de la mujer de manera especial?

-Al criminalizar específicamente al sexo masculino, no se establece una diferencia arbitraria entre ambos sexos, porque justamente es el reconocimiento normativo de una situación cultural vinculada con la idea de que el hombre es siempre más poderoso que la mujer. Él ha sido el dueño y señor de todo, incluida la mujer. La decisión legislativa viene a proteger algo que estaba desprotegido históricamente, y a equiparar los derechos de ambos. No creo que sea una cuestión injusta sino que, muy por el contrario, implica el reconocimiento de algo que durante muchísimo tiempo no había sido reconocido. En los tratados internacionales, por ejemplo, se emplea un lenguaje destinado a los varones: “los/todos”, siempre con intención de neutralidad. Hay que empezar a trabajar en una inclusión que abarque a varones, a mujeres y también a aquellas personas que tienen elecciones sexuales diferentes.

 

-El ejercicio de esta clase de violencia se ha manifestado a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿por qué recién ahora se está defendiendo con más firmeza la protección de la mujer?

-La defensa de los derechos de las mujeres que se ha logrado en los últimos años tiene que ver con una evolución natural. Viene de la mano de los grupos feministas que han entendido que hay situaciones en las cuales hay que poner un pie de igualdad, tanto en lo que tiene que ver con las tareas domésticas como en las actividades públicas. Históricamente, lo público ha sido para los hombres y lo privado para las mujeres: en casa, atrás, no se nos ve; en cambio al hombre hay que verlo públicamente. Me parece que es una evolución lógica, entendible y esperable porque hemos empezado a darnos cuenta de que se necesita distribuir los roles.

 

-¿La intervención penal o criminalizadora es la herramienta más adecuada para solucionar este tipo de conflictos que obedecen principalmente a características socio-culturales?

-No, no creo que la intervención penal sea la solución, porque no resuelve ningún conflicto. Lo que hace es imponer dolor a los responsables mediante el encierro. Y es un dolor totalmente arbitrario y selectivo, ya que siempre ha "seleccionado a sus víctimas", que por lo general son personas vulnerables, pertenecientes a grupos minoritarios o social y económicamente rezagados.

Los delitos que se incorporaron al Código Penal, dentro de los cuales se encuentra el femicidio, prevén pena perpetua. Parece que los legisladores le están diciendo a la sociedad: “Quédense tranquilos, que al aumentar la pena, estos problemas de género se van a reducir”. ¿Es esa la respuesta? Yo diría que no. Porque el encierro no genera nada más que violencia. Lo que sucede es que tenemos un Estado deficiente, un sistema judicial absolutamente corrupto, con lo cual creemos que encerrando podremos resolver el conflicto. Y en realidad lo que hay que hacer es revisar culturalmente, desde la educación, desde la salud, cuáles son los componentes de una vida ciudadana en condiciones de igualdad.

El derecho penal no es la respuesta, no hay que criminalizar y ampliar la punibilidad, eso nunca sirvió para nada. La primera reacción de una mujer que ha sido víctima de violencia de género es sentirse aliviada cuando el sujeto ingresa a la cárcel. El problema es que ese sujeto en algún momento será liberado, y para entonces -producto del encierro- habrá cultivado tanto odio, tanto resentimiento, tanta violencia, que no saldrá resocializado para generar vínculos desde lo afectivo y desde el respeto. Saldrá con ánimos de venganza. Esto es lo que nos demuestran las cárceles.

 

-¿Qué otro tipo de medidas podrían tomarse?

Lo que hay que hacer es buscar herramientas estatales y políticas públicas que permitan a las mujeres tener acceso a fuentes de información y consulta, a herramientas que les permitan poner límites a relaciones que son patológicas. Se pueden tomar medidas alternativas que tengan que ver con espacios públicos de seguimiento, de contención, y así flexibilizar el encierro. Se necesitan espacios estatales que permitan salidas laborales. Hay medidas procesales y también edilicias a través de las cuales el Estado podría buscar opciones para minimizar el encierro, que lo único que genera es más violencia.

 

-¿Qué aspectos positivos y qué aspectos negativos encuentra en la incorporación del femicidio al Código Penal?

-La reforma opera como un llamado de atención sobre lo que está pasando, como lo evidencian los casos que han surgido y que han sido tratados públicamente. En realidad no es novedoso que mujeres mueran en contextos de violencia de género, lo que ha pasado es que en estos últimos años las mujeres se animaron a contarlo, a denunciarlo. Opino que el lado positivo es que la Argentina se haya preocupado y responsabilizado internacionalmente por proteger a mujeres que son víctimas de actos de violencia. Pero por otro lado, que la respuesta sea la pena perpetua me parece que es negativo. La postura de los legisladores es la de querer tapar el sol con un dedo (“Me estoy ocupando de los casos de violencia de género, por eso los hombres que maten van a tener prisión perpetua”), cuando en realidad lo que sucede pasa por otro lado, requiere otro tipo de medidas. El mensaje de los legisladores se debe a la presión de la sociedad. No es una reforma pensada y entendida desde la base de “buscar la mejor opción”, sino que se la utiliza para tapar los problemas.

 

La Convención de Belem do Pará y distintos tratados que se han incorporado en los últimos años nos dan la posibilidad de empezar a visualizar los problemas. Eso es muy importante, porque se ha empezado a generar ruido: se dice, se habla. Pero si después se van a dictar perpetuas, se rompe el equilibrio de lo que queremos realmente: ¿resolver el conflicto o encerrar para mostrar?

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