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Expediente demorado, ¿con intención?

La causa judicial por la desaparición de Jorge Julio López está paralizada por pistas falsas, excusas burocráticas y fallas en el trabajo policial, todos obstáculos denunciados tanto por los fiscales como por los abogados querellantes.

L. Dudech, A. Gorziglia, C. Molouny y T. Otero // Viernes 02 de septiembre de 2016 | 21:25

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"Por cómo está la causa, nunca vamos a saber qué pasó con López", afirma el abogado Hnatiuk. (Foto: gentileza Gerardo Dell'Oro)

Una década después, la causa Nº 16.060 “López, Jorge Julio s/ desaparición forzada de persona” está paralizada, sin avances concretos, debido a la inoperancia de las policías Federal y Bonaerense, las pistas falsas y las excusas políticas.

 

La causa siguió un intrincado camino dentro del Poder Judicial. Se inició en la Justicia bonaerense en septiembre de 2006, caratulada como “averiguación de paradero”. En diciembre de ese año pasó al fuero Federal, y recayó en el juez Armando Corazza y el fiscal Gustavo Duró. Recién en abril de 2008 la cartátula se cambió por “desaparición forzada de persona”, y, en noviembre de ese año, fue enviada a la Secretaría Especial de Delitos de Lesa Humanidad, a cargo de Juan Martín Nogueira. En 2009, Corazza se apartó de la causa y ésta pasó al juzgado de Manuel Blanco, quien la delegó a la Unidad Fiscal Federal del Juzgado I de La Plata, a cargo del fiscal federal Rodolfo Marcelo Molina. “Todo esto le sacó un poco la unidad de criterio que se pudo haber tenido para investigar”, dice Juan Martín Nogueira, actual fiscal de la causa.

 

Mientras el expediente pasaba de manos, las tareas de investigación estuvieron a cargo de las policías Federal, Aeroportuaria y Bonaerense, hasta que en 2008 esta última fue apartada por “negligencia manifiesta” pero, sobre todo, porque durante la última dictadura López había estado secuestrado en centros clandestinos que dependían de esa fuerza: las comisarías platenses 5°, 8° y 9º, el Destacamento de Arana y la Brigada de Investigaciones de La Plata.

 

Según Aníbal Hnatiuk, abogado querellante de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, durante los primeros meses de investigación la Policía Bonaerense apuntó a buscar “un viejito perdido” en lugar de investigar el entorno de Miguel Etchecolatz, contra quien había declarado López en el juicio de junio de 2006.

 

Al principio, la Bonaerense entrecruzó llamados con el sistema VAIC (Vínculo por Análisis Informático de Comunicaciones). Así se llegó a la primera pista: una amenaza telefónica hecha desde un locutorio contra el juez Carlos Rosanski, quien había condenado a Ecthecolatz. La Bonaerense llevó al juzgado los registros de la cámara de seguridad de un locutorio que no era desde el cual se había hecho la llamada. Al parecer, nunca llegó a conseguir la grabación de la amenaza.

 

Luego, la Bonaerense tomó declaración a 600 personas que pudieron haber visto a López, pero nunca notificó al juzgado de esta acción. De hecho, Hnatiuk las descubrió como parte de un “expediente de exposiciones”, siete meses después de que se habían hecho. Cuando el abogado se enteró de su existencia, la policía le impidió el acceso al material y debió intervenir el juez Corazza, quien exigió el envío de las declaraciones al juzgado. “Que hayamos tenido que descubrirlo nosotros en su base de datos mucho tiempo después es una muestra de cómo funciona la investigación, lamentablemente”, dice Hnatiuk.

 

Esas declaraciones, según el abogado, tienen información imprecisa sobre un auto Peugeot 504 gris estacionado a una cuadra de la casa de López en los días previos a su desaparición, y que pudo haber sido el vehículo en el cual haya sido secuestrado.

 

Otro testimonio involucra a Rubén Darío Durso, delegado municipal de Atalaya. El 21 de septiembre de 2006, Rodolfo Bureta, un criador de chanchos, dijo haber visto a López entrando al parador Atalaya dos días antes. La Bonaerense interrogó a Durso y éste les habría dicho que no busquen a López porque ya estaba muerto. Con esta versión, la policía montó horas después un operativo que no dio resultados. El policía y el perro encargados de rastrillar la zona fueron sometidos a una prueba en la Escuela Canina de Catástrofe, y no la pasaron.

 

LOS TELÉFONOS

En diciembre de 2006, tras los pedidos de la querella compuesta por Hnatiuk y Guadalupe Godoy de investigar al entorno de Etchecolatz, el juez Corazza decidió investigar los llamados a los represores de la última dictadura encarcelados en la Unidad Penitenciaria Federal II de Marcos Paz. Se encontraron cinco líneas telefónicas no informadas, pero Corazza no quería investigarlas para no tener problemas con el ministro del Interior de entonces, Aníbal Fernández, con quien hablaba “asiduamente” acerca de cómo iba la causa.

 

En marzo de 2007, un informe de la Secretaría de Derechos Humanos explicaba que las visitas de los represores ingresaban a Marcos Paz con celulares, y que en el pabellón de lesa humanidad había un teléfono para hablar con otros internos y al exterior. Corazza ordenó el allanamiento y se encontró la agenda de Etchecolatz, pero no los teléfonos. Tres meses después se realizó un allanamiento sorpresa, con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en el que se halló un teléfono con característica de Buenos Aires que tenía conexión a internet y, además, una oficina improvisada en la enfermería del penal en la que se estaba realizando un seguimiento de López.

 

 

Debido a esas irregularidades se realizó una causa penal, y se procesó a los jefes de la Sección Visitas y Correspondencia de Marcos Paz, Diego Antonio González y Rubén Atilio Medina; al jefe de la División de Seguridad Interna de la cárcel, Aníbal Anselmo Cuenca; al director de Seguridad, Héctor Horacio Altamirano, y a los directores del establecimiento, Diego Daniel Díaz y Carlos Alberto Grassini. Sin embargo, todas las agendas y conexiones encontradas en los allanamientos no fueron analizadas durante tres meses.

 

Al revisar la agenda de Etchecolatz, apareció el nombre de Susana Beatriz Gopar, una policía activa desde la dictadura que vivía en la calle 66, entre 137 y 138. En esa casa fue donde Abel Horacio Ponce, vecino de López, dijo haberlo visto el día de su desaparición. La PSA, a pedido de Nogueira, registró una conversación de un teléfono mal colgado en la que Gopar habría dicho que López estaba muerto. La grabación fue enviada a la Oficina de Observaciones Judiciales de la SIDE para que pudiesen limpiar el audio, pero el cassette nunca regresó. Gopar se mudó y nadie allanó su casa.

 

También se siguieron líneas de investigación que eran “pescado podrido, según Hnatiuk, porque mucha gente ligada a las fuerzas de seguridad quería “pasarse factura. El ejemplo más trascendente fue en 2013, cuando un ex sargento de la Policía Federal, Claudio Correa, dijo que el teniente primero de la dependencia de Santa Clara del Mar, Marcelo Soulé, le había confesado haber participado junto con el subcomisario de esa localidad, Adrián Mapelli, en el secuestro y muerte de López, quien habría sido enterrado en el camping "El Indio", en el partido de Mar Chiquita. En la zona no se encontró nada.

 

Una de las últimas actuaciones de Hnatiuk fue pedirle a la fiscalía que investigue cuál era el número telefónico de un domicilio del barrio de Los Hornos donde vivía López y a través del cual podría llegarse a nuevos datos del caso. Pasaron los años y la Policía Federal, a cargo de esa tarea, todavía sigue sin responder cuál es el número. “Esa es la única pista que nos interesa”, dice el abogado, y explica: “Tiene que ver con personas cercanas al domicilio de López que pueden relacionarse con sus últimos movimientos, por ejemplo, alguien que pudiera haberlo hecho salir.”

 

SIN RESOLUCIÓN

El cúmulo de irregularidades, según el fiscal Nogueira, “es extraño, en el sentido de que la causa en su momento tuvo a todo el aparato del Estado en la investigación, a todas las fuerzas policiales y lo más avanzado en tecnología". "Pero, evidentemente, para el Poder Judicial es muy difícil investigar casos en los que puede haber involucrados de las fuerzas de seguridad, o que tengan algún tipo de poder en la estructura estatal o en otros poderes económicos. Pensemos que la Justicia no cuenta con una policía propia”, razona. 

 

Hoy por hoy, lo que se puede hacer, y donde nos centramos, es investigar las llamadas a cierto grupo de represores, investigaciones ligadas a lo tecnológico, que es lo único que no se puede alterar conforme pasan los años”, explica Hnatiuk. Esta tarea la está llevando a cabo la PSA, que en 2010 se apartó momentáneamente de la causa porque los resultados de sus investigaciones no eran tenidos en cuenta. En 2011, la PSA se reincorporó al caso porque la Federal, luego de tener en su poder durante seis meses un CD con cuatro millones de llamadas telefónicas que había que analizar, dijo que no podía abrir los archivos en ninguna computadora.

 

Había mala predisposición. Podés tener la dificultad, pero decímelo al tercer día, a la semana, o pedímelo otra vez. Seis meses después parece una tomada de pelo”, dice Hnatiuk. Por su parte, el titular de la Unidad Fiscal de La Plata, Rodolfo Marcelo Molina, asegura que aunque no se haya podido realizar un cruce completo de las llamadas, es “un tema de trabajo actual que no se ha abandonado”.

 

Con esta predisposición de la policía, y por cómo está la causa, nunca vamos a saber qué pasó con López”, dice Hnatiuk, y culmina: “Salvo que venga alguno y confiese o diga 'yo vi tal cosa', que también es un problema porque hay muchos que fueron a la causa y dijeron eso, y era fruta.”

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