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La responsabilidad de la Bonaerense

Sobre la Policía de la Provincia de Buenos Aires recae la sospecha de haber participado de la segunda desaparición de López, luego de que éste declarara judicialmente contra algunos de sus principales ex jefes.

Balán, Muñoz, Perchante, Parra y Rodríguez Tale // Viernes 02 de septiembre de 2016 | 21:24

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Según Ragendorfer, la Bonaerense posee una peligrosa autonomía operacional e institucional porque se autofinancia a través de la recaudación del delito. (Foto: gentileza Gerardo Dell'Oro)

Jorge Julio López era “un testigo peligroso, capaz de responsabilizar a Camps, Etchecolatz y a otros jefes policiales con su testimonio”, dice el ex juez León Arslanian, ministro de Seguridad bonaerense en la época de la segunda desaparición del albañil, acerca de las sospechas que recaen sobre la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

 

López declaró por primera vez en 1999 en los Juicios por la Verdad, y se presentó nuevamente como querellante en 2006 tras la reapertura de los procesos por crímenes de lesa humanidad. Estaba vinculado a organismos de derechos humanos, y además era un testigo calificado por haber estado secuestrado en cinco centros clandestinos del Circuito Camps, que estaba bajo el control del coronel Ramón Camps, jefe de la Bonaerense durante la dictadura: las comisarías 5ª, 8ª y 9ª, El Pozo de Arana y la Brigada de Investigaciones de La Plata. Las declaraciones de López fueron esenciales para implicar a Miguel Etchecolatz, ex jefe de investigaciones de la Bonaerense, y a una treintena de militares y policías. Actualmente, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata le concedió el arresto domiciliario pero sigue en la cárcel dado que las pericias del Cuerpo Médico Forense argumentan que su estado de salud no amerita la salida del penal.

 

Etchecolatz, según Arslanian, “no era simplemente un ejecutor obediente de órdenes militares”, sino “un ideólogo, un hombre que tenía su propia doctrina y un compromiso político e ideológico con todo lo que fue la dictadura”.

 

El ex policía es uno de los responsables de la desaparición de López, según Marcelo Sain, viceministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires entre julio de 2002 y enero de 2003, quien además creó la Policía de Seguridad Aeroportuaria que estuvo a cargo de la causa López a partir de 2007. “Etchecolatz y su grupo consideraron que desaparecer a López vulneraba la posibilidad de que los juicios llegaran a buen puerto, fundamentalmente los juicios en su contra”, dice Sain. Una de las pruebas que sostienen esa teoría es la agenda de Etchecolatz que se encontró en 2007 durante un allanamiento en el penal de Marcos Paz.

 

Arslanian dice que Etchecolatz “estaba en condiciones de privilegio, tenía un poder residual y había un poder de solidaridad entre fuerzas”. Luego agrega: “No estaba suficientemente purgado el Servicio Penitenciario Federal y es muy probable que a Etchecolatz lo vieran con buenos ojos y les pareciese que era una víctima de una persecución injusta en la medida en que él había luchado contra el terrorismo apátrida”.

 

Camaradería y complicidad

Para el periodista Ricardo Ragendorfer, coautor del libro "La Bonaerense. Historia criminal de la policía de la provincia de Buenos Aires", el hecho de que los genocidas presos tengan afinidad con los guardiacárceles no es motivo de asombro, porque ese sentimiento de pertenencia a “la fuerza” se gesta en los uniformados desde que son aspirantes.

 

Según Alejandra Vallespir, socióloga y autora del libro "La policía que supimos conseguir", los aspirantes provienen de sectores marginales donde la violencia rige la construcción sociocultural del individuo, con necesidades básicas insatisfechas y, en algunos casos, con historias delictivas dentro de la familia. “Es por eso que sus reglas morales se tornan más elásticas y al unirse a la fuerza tienen naturalizados ciertos comportamientos delictivos”, explica Vallespir. “Esto permite que la institución pueda jugar con las carencias de los ingresantes”.

 

La institución, según Vallespir, introduce intencionada y paulatinamente a los agentes en una serie actividades ilícitas de la cual no pueden salir aunque quieran. “No sólo es un trabajo estable con sueldo, obra social y aporte jubilatorio, sino también la vía para la obtención de beneficios mediante conductas delictivas”, dice la socióloga.

 

Hay desde luego un pacto de silencio”, dice Ragendorfer. “Un policía que atravesó su carrera policial cometiendo delitos, cuando se retira de la fuerza sigue cometiendo delitos”. Según el periodista, la Bonaerense posee una peligrosa autonomía operacional e institucional porque es una fuerza que se autofinancia a través de la recaudación del delito y de la conformación de agencias de seguridad privada, compuestas por policías, militares y agentes de inteligencia retirados o en actividad.

 

Uno de los motivos por los cuales la corrupción (y sus consecuencias) se perpetúa en el tiempo es la sucesión dinástica de los jefes policiales, que Ragendorfer denomina “el sistema de los delfines” y consiste en el sostenimiento de una cadena de sucesores siempre afines a un jefe. “Estos tipos hacen su carrera llevando a destino a toda su patota, y cuando se retiran su patota asciende un casillero, pero sigue manteniendo una relación de subordinación con el jefe retirado”, explica el periodista.

 

Reforma frustrada

“El sistema de los delfines” es uno de los problemas que Arslanian quiso resolver durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad bonaerense, entre 2004 y 2007, mediante una fuerte reforma policial que consistió en el pase a retiro de más de tres mil efectivos involucrados en casos de corrupción, y la creación de una segunda policía para generar un contrapeso a la institución vigente. Se incluyó en Asuntos Internos a organizaciones de Derechos Humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), para investigar los actos de corrupción, y el propio Arslanian se presentó como querellante en las causas judiciales por violencia institucional de oficiales.

 

Luego de la purga, el siguiente paso fue incorporar unos 15 mil efectivos que tuvieran estudios secundarios completos y aprobaran un test psicológico. “Costaba muchísimo poder incorporar gente con los requisitos planteados, porque la mayoría no tenía el secundario terminado e incluso muchos presentaban problemas de adicción”, dice Arslanian.

 

Esa reforma, según Arslanian, se frustró en 2007 cuando Daniel Scioli asumió la gobernación. “Scioli es un punitivista demagógico que, al estar rodeado de policías corruptos, fue impulsado a deshacer el proyecto”, dice Arslanian, para quien la actual gobernadora María Eugenia Vidal deberá esforzarse en controlar a la Bonaerense porque su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, es “inexperto, no conoce la materia, y le falta poder político. El problema es que no tienen los cuadros políticos aptos como para poder conducir ningún proceso de cambio en materia de seguridad”.

 

El presente

En julio de este año, Vidal nombró a Pablo Bressi como comisario general de la Policía Bonaerense. La diputada nacional Elisa Carrió, aliada del Gobierno, denunció que Bressi estaba vinculado con el narcotráfico en la provincia. “La designación generó una interna dentro de la alianza política y, como consecuencia, salpica a las autoridades que lo avalan”, dice Ragendorfer.

 

El nombramiento de Bressi se dio en el marco de un plan de saneamiento de la policía, con el pase a retiro de 18 comisarios generales y el pedido de declaraciones juradas a unos ocho mil jefes. Tras el anuncio de estas medidas se produjeron algunos hechos delictivos. Por ejemplo, dos policías entraron sin autorización al despacho de la gobernadora y fueron encontrados revisando los cajones de los escritorios.

 

Acciones como esa, según los especialistas, demuestran que cada vez que el Estado intenta purgar o reformar la Bonaerense, ésta se resiste para seguir protegiendo los intereses de diversos jefes. Lo mismo se aplicaría a la desaparición de López, que sería una acción para proteger a ex jefes policiales.

 

No es casualidad que López haya desaparecido en el momento en el que el Poder Judicial se encontraba juzgando a un ex policía por delitos de lesa humanidad”, dice Arslanian, para quien la desaparición tuvo un triple sentido: borrar el testimonio de López como elemento de cargo, disuadir a cualquiera que fuese convocado a declarar para que no lo hiciese, y mostrar los riesgos implícitos y explícitos de las políticas de derechos humanos. Según el abogado, “no servía que apareciera el cuerpo de López tirado en una zanja. Lo que servía mucho era evidenciar la continuidad del sistema de desaparición en plena democracia”.

 

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Comentarios

Cecilia Sorella  |  19-09-2016 18:32:16

Interesante artículo, tema pendiente para nuestra sociedad...

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